The 20/22 Act Society (Act 60)

Tercera parte de la serie Las ONG’s, caballo de Troya del capitalismo.

A más de diez años de la imposición de las leyes 20 y 22 (ahora Acta 60), podemos notar los efectos nefastos de esta política económica colonial que incentiva la llegada de capital extranjero, convirtiendo al país en un paraíso fiscal. Poco a poco vemos cómo estamos siendo expulsados de nuestras propias tierras, siendo la clase trabajadora quienes pagan el precio mayor. Hoy a 69 años del heroico ataque al congreso de los Estados Unidos en denuncia al criminal sistema colonial, entendemos que es más que necesario resaltar la nueva política del imperialismo norteamericano en Puerto Rico.

Individuos como Hamed R. Wardak se han beneficiado de esta política colonial. Una compañía a nombre de Wardak fue investigada por el Congreso de EEUU en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.

Por otro lado, Aaron Vick, un contratista estadounidense, fue referido al Departamento de Justicia luego de que su firma apareciera en la venta fallida de un millón de pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. Dos meses después, todavía bajo investigación, Vick obtuvo un decreto de Ley 22.

Esto es solo una muestra de los personajes que están llegando a la Isla por estas leyes. Pero el fracaso de la Ley 22 no se debe solo a manzanas podridas. Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.

Por otro lado, Manuel Cidre, miembro del exilio cubano y secretario de Desarrollo Económico y Comercio, rechaza que se esté ejecutando un proceso de desplazamiento debido a los beneficios de la ley 22. El pasado 23 de marzo, este declaró que

“Puerto Rico es una Isla de ley y orden, donde no hay espacio para el discrimen por origen o por si un individuo tiene o no incentivos. Por tanto, toda transacción realizada conforme la ley, será reconocida y avalada, y si hay irregularidades, que se procedan con los procesos legales aplicables. Ahora bien, argumentar que hay un esquema de desplazamiento poblacional del cual el Gobierno es partícipe, en transacciones fidedignas, carece de fundamentos” (El Nuevo Dia-23 de marzo)

Esta declaración surge luego de que decenas de residentes del barrio de Puerta de Tierra marcharan desde esta comunidad histórica a la alcaldía de San Juan para reclamarle al alcalde Miguel Romero que intervenga y detenga lo que han llamado un proceso de desplazamiento de la comunidad en favor de inversionistas extranjeros, algunos beneficiados por decretos de la Ley 22-2012 de inversionistas residentes. Estos denunciaron que 30 propiedades han sido adquiridas por beneficiarios de decretos de Ley 22. Manuel Cidre sin darse cuenta confirmó lo que los vecinos de Puerta de Tierra llevan denunciando; pues sí, esto es un país de ley y orden; una ley para sostener la explotación y la sociedad de clases, que nos expulsa de nuestra propia tierra, que persigue y encarcela a los nuestros y que nos arrebata derechos que nos ha costado sangre.¿Acaso la esclavitud no era legal? Las leyes en esta sociedad capitalista sirven de andamiaje para sostener la explotación, en nuestro caso, para mantener la colonia militar industrial.

Ante este contexto, y como lavado de cara, estos multimillonarios han creado la 20/22 Act Society, una organización sin fines de lucro que está compuesta por personas de diversos lugares del mundo que han llegado a Puerto Rico motivados por los beneficios de las leyes 20 y 22, ahora conocidas como el Acta 60. Su fundador, Rob Rill, es una de las primeras personas en mudarse a la Isla y recibir los “beneficios”. Según sus estatutos, esta organización brinda “orientación gratuita a todos los interesados en mudarse a Puerto Rico bajo las Leyes antes mencionadas, para asegurarse de que los beneficiarios potenciales y actuales de los decretos de exención contributiva otorgados bajo las Leyes estén plenamente conscientes de sus obligaciones de cumplimiento.” En otras palabras, esta sociedad asesora a los multimillonarios para que sepan todas los beneficios que la colonia les brinda y cómo maximizar sus ganancias a expensas de la miseria de la clase trabajadora. Estos definen el propósito de esta organización en servir “como la voz que alienta los impactos significativos que la comunidad 20/22 puede tener en el sector sin fines de lucro de Puerto Rico”.

La casta de intermediarios que se presentan como expertos en las leyes 20 y 22 la integran bufetes de abogados grandes y pequeños, firmas de contabilidad y compañías de gestoría, algunas de las cuales fueron parte de un fallido programa de “promotores cualificados” del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Las compañías de gestoría que han sido parte del programa de Promotores Cualificados, como The 20/22 Act Society y PRelocate, se dedican completamente a la promoción de las leyes 20 y 22 y los trámites burocráticos que necesitan hacer sus beneficiarios ante las agencias gubernamentales de Puerto Rico. Algunos de estos gestores son al mismo tiempo beneficiarios de las leyes 20 y 22.

The 20/22 Act Society ha fungido como un grupo de presión política. En junio del año 2020 anunciaron que iniciarían una acción legal contra el Gobierno por los cambios introducidos a ambas leyes cuando fueron integradas al Código de Incentivos.

La organización, que funciona por membresía, fue fundada por Robb Rill, un administrador de fondos de cobertura oriundo de Florida que obtuvo un decreto de ley 22 en 2013. El mismo año The Strategic Group P.R., LLC (TSG), una firma de manejo de inversión, obtuvo un decreto de ley 20. Según la página web de la empresa de Rill, la mayor parte de los recipientes de estos incentivos son fondos de cobertura. Estas son firmas de inversión de riesgo que por lo general funcionan como boutiques con pocos empleados. The Strategic Funds, una firma subsidiaria de TSG por ejemplo, tiene seis empleados, todos de Estados Unidos.

Cabe destacar que este personaje, fue miembro del task force económico de Wanda Vázquez al inicio de la pandemia del COVID-19 y constantemente se opuso al cierre. El pasado 3 de enero, Rill anunció que la organización distribuyó $1,200,000 en donaciones a 37 entidades sin fines de lucro. Según se informó, la 20/22 Act Foundation enfoca su apoyo a entidades comprometidas con ayudar a comunidades en desventaja y adelantar alguno de los cuatro pilares de la organización: bienestar social y emprendimiento; educación y niñez; salud; y bienestar de los animales.

Entre las organizaciones que recibieron donaciones en 2021 se encuentra Para la Naturaleza y Boys & Girls Club de Puerto Rico. La primera es una organización ambientalista encargada de la conservación de los espacios. Para La Naturaleza agrupa todos los proyectos e iniciativas del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y maneja todas sus áreas protegidas. Es importante destacar que el Fideicomiso fue creado en 1968 por el Memorándum de Entendimiento entre el Departamento del Interior de los Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico. Aquí ya podemos ver cómo en nombre del conservacionismo se naturaliza nuestra condición colonial. Para La Naturaleza es la campaña de limpiarle la cara al Fideicomiso, que históricamente ha respondido a los intereses de la colonia, un lavado de cara para los desarrolladores pero de la mano de los federales. Tomemos de ejemplo al Bosque Pterocarpus en Dorado. El desarrollador hotelero y residencial Federico Stubbe, fundador de la compañía PRISA Group y conocido donante del PNP, le cede más de 30 cuerdas para el bosque de Pterocarpus en manos del Fideicomiso (Para La Naturaleza). Este nunca detalló qué cedió de verdad, lo que se prestó a interpretaciones. Mientras tanto, Stubbe se fue apoderando poco a poco de esas cuerdas para más desarrollo y el parque de Golf. Al fin y al cabo, el espacio cedido es más bien una zona de amortiguación o de separación de la comunidad y el balneario con los ricos. En otras palabras, Para La Naturaleza y el Fideicomiso se han prestado para el desplazamiento y gentrificación del pueblo de Dorado, hoy día uno de los pueblos con el mayor ingreso per cápita, pero con una gran desigualdad en el mismo. Un dato interesante, es que Stubbe preside la Junta de Directores del Proyecto de Península de Cantera. El que ha gentrificado un pueblo entero en contubernio con las agencias gubernamentales y sin fines de lucro es el mismo que se da golpes de pecho de ser alguien “solidario” que busca el “desarrollo” y “porvenir” de la comunidad de Cantera.

Volviendo a Para La Naturaleza, estos alegan que como organización fomentan la toma de responsabilidad por nuestros recursos naturales e impulsan política pública para su protección. ¿Cómo se impulsan estos cambios? Pues a través del juego parlamentario y la lucha legalista desde arriba, sin ni tan siquiera incluir a las comunidades y es la ONG quien termina siendo el “representante” de la lucha. ¿Ha sido beneficioso? Solo con mirar los titulares periodísticos se darán cuenta como constantemente nuestra geografía está siendo atacada por los intereses de lucro de unos pocos. El mejor caso lo vemos en la Bahía de Jobos en Salinas. Un espacio protegido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y en donde se ha cometido un crimen ambiental de grandes proporciones. Para La Naturaleza, en un comunicado hace un llamado a las entidades federales, a que intervengan en este asunto. Pero al parecer se les olvida que han sido esas mismas entidades federales las que han permitido esto. ¿O es que se les olvida lo que ha hecho, o mejor dicho lo que no ha hecho el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre en Vieques? Son 20 años que ya han pasado desde que la Marina se fue de la Isla Nena y aún no se han descontaminado las playas. Según Gabriel Córdova

“bajo la administración de dicha agencia federal, las áreas, que antes fueron el escenario de intensos bombardeos, ahora formarían parte del nombrado Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques. Esta determinación, que en primera instancia parecería un contrasentido, limitó las circunstancias por las cuales las zonas contaminadas podían ser remediadas a un nivel apto para humanos. A raíz de este evento, la designación impuesta amenaza con prolongar, de forma indefinida, la contaminación vigente en estos terrenos y, del mismo modo, hace improbable su devolución al municipio viequense.”

Estos «progres» que dicen trabajar para acabar con un problema, en realidad lo que hacen es perpetuarlo, ya que no van precisamente a la raíz del asunto, que es el sistema de explotación capitalista-colonial y su entendimiento sobre los recursos naturales. Ese ideal “reformista” termina siendo la tumba para nuestras ansias de libertad, de un mundo sin explotación. ¿Estarán dispuestas a luchar contra el Acta 60, que son las que precisamente están atrayendo a estos criminales ambientales? El tiempo nos dirá.

Otra de las organizaciones beneficiada por la 20/22 Act Society es Boys and Girls Club de Puerto Rico. Esta organización ofrece un programa de servicios después de la escuela a niños y jóvenes entre las edades de 6 y 18 años. Según sus estatutos, su misión es ofrecerles a los niños, niñas y jóvenes esperanza de un mejor futuro y oportunidades para que se desarrollen a su máximo potencial. BGCPR comenzó a operar en la Isla en 1967, siendo el club de Río Piedras el primero. Esto coincide con el establecimiento del programa “Guerra contra la pobreza” del Presidente Lyndon B. Johnson en 1964, legislación que cuyo único fin era calmar el fuego tras las intensas luchas por los derechos civiles, la segregación racial y evitar un estallido social que condujera a una revolución comunista en EEUU, pues las iniciativas se dirigían a reformar el sistema y no acabar precisamente con lo que ocasiona la pobreza, que es el sistema capitalista de explotacion.

Bajo esa misma lógica es que ha operado el BGCPR, fomentando en la juventud que a través de la legislación de proyectos es que se podrá erradicar la pobreza, obviando que son las mismas instituciones del Estado que constantemente atentan contra la vida y dignidad de lxs jóvenes con sus políticas discriminatorias. Como es el caso del cierre sistemático de miles de escuelas públicas en el país y el intento de privatización de estas (Charter’s Schools), lo cual representa un ataque sin precedentes contra la niñez y juventud. De hecho, Vimenti, la primera escuela charter de Puerto Rico, es una iniciativa de BGCPR. Sobre las escuelas charters, los gremios magisteriales en y fuera de Puerto Rico han denunciado estas escuelas como el inicio de la privatización del sistema público de enseñanza. Esta institución educativa surge tras el establecimiento de la Ley 85 de 2018, medida que autoriza la emisión de los llamados vales educativos que transfiere el dinero para la educación pública a instituciones privadas. El pasado año escolar, el presupuesto de Vimenti ascendió a $1.4 millones, de los cuales $408,367 provino de la asignación del Departamento de Educación que se calcula a base de la cantidad de estudiantes que atienden. Por otro lado, en abril de este año, un grupo llamado Educadores de Coamo manifestaron su oposición a la intención del alcalde Juan C. García Padilla (hermano del exgobernador Alejandro Garcia Padilla) de convertir tres escuelas de corriente regular en las denominadas “charters”. Así que como podemos ver, Vimenti ha servido como punta de lanza de la privatización del sistema educativo.

Interesantemente, en el 2020 las organizaciones sin fines de lucro que integran el Movimiento Una Sola Voz (MUSV) cuestionaron al grupo 20/22 Act Society, quienes se opusieron al alza de $300 a $5,000 que forma parte de las disposiciones que se incluyen en la Ley 40. Ese dinero, según la disposición, sería otorgado a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios dirigidos a erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico. Entre las organizaciones que denunciaban se encontraban el Boys & Girls Club y el Instituto de Desarrollo de la Juventud (otra iniciativa de BGCPR).“Sentimos mucho que este grupo de inversionistas que residen en la isla, presenten una traba innecesaria para la implantación de una ley que está destinada a aliviar las necesidades de nuestros sectores más vulnerables, sobre todo la niñez”, manifestó Ana Yris Guzmán, presidenta de la Junta Directiva del MUSV y presidente ejecutiva de Nuestra Escuela. Dos años después a estas organizaciones al parecer se les olvidó todo esto y ahora están de la mano junto a 20/22 Act Society. Por otro lado, estas declaraciones nos confirman la posición de estas organizaciones sin fines de lucro beneficiadas por la ley 40 en torno a las leyes imperiales. Ese posicionamiento es uno de colaboración con el imperio y las instituciones que nos sojuzgan, que nos desplazan, que nos oprimen, que nos empobrecen. Los supuestos por luchar contra la pobreza infantil, en realidad lo que hacen son sostenerla. Así se comporta el ONGeismo.

Por último, otra de las organizaciones financiadas por 20/22 Act Society lo fue Karma Honey Project, que fue fundada en 2018 y según su página su misión es aumentar la población de abejas melíferas de Puerto Rico, difundir el conocimiento de la especie y crear empleos locales a través del ecoturismo y la apicultura. Fundado por la empresaria Candice Galek después de ver los efectos devastadores que el huracán Irma y María causaron en la isla. En este caso, esta ONG tiene una peculiaridad, lo cual resulta aún más descarado; y es que es una organización sin fines de lucro que llega precisamente cobijada por la ley 22 (ahora acta 60). Con la pseudo-retórica de aportar a nuestra sociedad sin ánimos de lucro, esta organización se establece en la Isla y comienza un ambicioso proyecto en donde los políticos de este país los recibieron con las puertas abiertas.

Pero eso no es todo, en los últimos meses ha salido a la luz pública un escándalo que ha recorrido el mundo. Y es que su cofundador fue arrestado por el FBI. Conor Vincent D’Monte, que se hacía llamar Johnny Williams en Puerto Rico, supuestamente era el líder de una pandilla violenta buscada por las autoridades canadienses por cargos que incluían asesinato en primer grado. Llevaba más de una década prófugo. El 24 de enero de 2011 se emitió una orden de arresto en todo Canadá contra D’Monte por asesinato en primer grado y conspiración de cometer asesinato en violación a leyes del país norteamericano.

La gerencia de Karma Honey Project rechazó que Connor Vincent D’Monte fuese empleado suyo y dijeron desconocer que fuese un criminal o buscado por las autoridades. Según dijo en un comunicado de prensa, Candice Galek, adujo que la labor de D’Monte “era sencillamente la de un voluntario” y que nunca ha sido empleado, ni miembro de nuestra Junta de Directores”, ni ha tenido ninguna posición en la organización. Pero, ¿cómo un simple voluntario termina reunido en Fortaleza para reubicar un enjambre? Esa tarea no la realiza un “voluntario”. Al parecer ahora nadie sabía quién era realmente él, como ha expresado en varias ocasiones Galek. ¿Cómo un fundador no tiene ni un solo puesto en la organización? Por otro lado, todos tratan de desvincularse o minimizar la relación con dicha organización. El gobernador Pedro Pierluissi rápido se desvinculó y negó cualquier vínculo de su administración con D’Monte. “Lo primero que tengo que aclarar es que esa persona no labora en La Fortaleza. No tiene relación contractual alguna con La Fortaleza. La persona que está a cargo de la colmena es un agricultor boricua. No es esa persona ni esa entidad”, abundó Pierluisi. Sin embargo, sus declaraciones nos crean otras interrogantes. ¿Cómo si dicha organización no brindaba servicios a La Fortaleza, termina hasta siendo citado en un comunicado del 17 de febrero?:

“El apicultor y co-fundador del Karma Honey Project, Jonathan Williams, y al apicultor que trabaja esta colmena, David Lozada Negrón, expresaron que un mundo sin abejas “sería catastrófico” por la falta de polinización. Lozada Negrón explicó que las abejas son las responsables de la polinización del 80 por ciento de los alimentos”, lee parte del comunicado en el que también se cita al gobernador y al secretario de agricultura, entre otros. (El Nuevo Día-28 de febrero de 2022)

Letrero que colocó la organización sin fines de lucro Karma Honey Project en el jardín de La Fortaleza.

Pero no solo fue con Fortaleza, sino que este individuo representando a KHP creó conexiones con distintos políticos que le abrieron las puertas en municipios y la asamblea legislativa. En el Municipio de Canóvanas consiguió que la alcaldesa Lornna Soto le regalara a su organización una escuela de las que habían sido cerradas. No solo eso, sino que éste participó en actividades de recaudación de fondos y otros eventos con el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. También lo hizo junto al alcalde de Río Grande, Ángel Boris González, quien es del Partido Popular Democrático.

Este es el rostro perverso y corrupto de las leyes 20, 22 y el acta 60. Es solo una muestra de lo que estos estatutos han provocado en nuestra Isla y cómo se han cimentado bajo la complicidad de estas organizaciones sin fines de lucro que le han hecho el trabajo sucio al imperialismo norteamericano en su afán de retener a la colonia y desvirtuar cualquier foco de resistencia en Puerto Rico que amenace sus intereses. Una vez más vemos cómo estas Organizaciones del Lucro sin Fin son un obstáculo para el desarrollo revolucionario de la clase trabajadora puertorriqueña y la lucha por el comunismo. Debemos comprender que solo la organización de la clase trabajadora en un Partido Comunista Revolucionario será capaz de liquidar a los imperialistas y lograr nuestra misión histórica: EL COMUNISMO

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